Se trasladarán internos extranjeros a sus países de origen

Para combatir hacinamiento


Ministro de Justicia dio a conocer medidas que su sector ejecutará ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República



Con el objetivo de combatir el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en la que viven los internos de los principales establecimientos penitenciarios del país, el Ministerio de Justicia aplicará el sistema de traslado de condenados extranjeros a sus países, así lo dio a conocer el titular de este portafolio, Francisco Eguiguren Praeli.



“Lo planteamos en el Ministerio de Justicia y hemos conversado con el Presidente de la República sobre una iniciativa que tiene que ver con respecto al hacinamiento en los penales. Vamos a ser osados en el caso de internos e internas extranjeros que estén condenados por delitos no graves, en su mayoría por burriers, a fin de que regresen a sus países”, señaló durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.



El ministro Eguiguren explicó que si bien no son tantos los casos, pero que ya se viene coordinando con embajadas y consulados de distintos países.



“Ya se están teniendo las primeras coordinaciones, habrá que estudiar caso por caso ya que hay que evaluar las condiciones económicas y humanitarias. A propósito, en noviembre funcionarios del INPE y cónsules se reunirán para ver este tema ya que en algunos casos también se estaría viendo la posibilidad de no solo de que retornen a sus países de origen sino también el intercambio de peruanos por extranjeros”, dijo.



En otro momento, consultado sobre la construcción de nuevas cárceles a corto plazo, el ministro Eguiguren lamentó que, “no encontramos proyectos de inversión de la gestión anterior, sin embargo, se está trabajando para que los nuevos centros penitenciarios no estén cerca de las ciudades, sino en las afueras de ellas. En estos momentos tenemos cero soles, pese a ello tenemos previsto la construcción de tres penales: uno en Lima, otro en el norte y otro de máxima seguridad en la Sierra”, explicó.



“Mientras aspiramos mejorar el presupuesto, estamos gestionando recursos del fondo de seguridad ciudadana y excedentes de la recaudación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) para poner en marcha un sistema de audiencias de videoconferencias que se encuentre al costado del penal, por ello estamos coordinando con el Poder Judicial y el Ministerio Público para ello y evitar costos en traslado y seguridad”, resaltó.



De otro lado, sobre la concesión de penales el ministro aseguró que, “los penales tal y como están no pueden ser concesionados ya que nadie va a querer cargar con esto, sin embargo podría darse el caso en establecimientos penitenciarios de reos primarios”, enfatizó.



“La buena pro del penal de Aucallama, Huaral, ya fue otorgada por Proinversión. Venimos evaluando el contrato, han pedido opiniones a la Defensoría del Pueblo y el INPE para ver si es que no colinda con alguna función constitucional del Estado, ya que en el caso de este penal, se entregó en concesión total. Este régimen tan radical no existe en Latinoamérica y en algunos casos muy contados, en Estados Unidos”, resaltó.



En otro momento, Eguiguren Praeli, descartó reabrir el Sepa y El Frontón ya que según estudios realizados por el INPE, confirman que no son rentables ni efectivos su recuperación, “del Sepa solo queda el nombre, y el recuerdo. Es un área en ruinas. No es una alternativa económicamente viable, tampoco El Frontón, por cuestiones de traslados”, explicó.



Sobre el sistema anticorrupción dijo que lo encontró totalmente desmantelado y desincentivado ya que en muchos lugares solo trabajan un procurador y a veces un asistente administrativo en algunas regiones.



“En este momento hay más de 13 mil procesos anticorrupción en manos de estos procuradores a nivel nacional. Hemos pensado en algún tipo de bono de éxito para incentivar; y donde no sea posible encontrar procuradores descentralizados, se optará por la contratación de abogados de prestigio que puedan ser acreditados y puedan continuar con estos procesos y recuperar algo para el Estado. Las procuradurías están carentes de recursos humanos y materiales”, resaltó.



Sobre la SUNARP, lamentó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya recortado su presupuesto ya que tiene una tarea delicada que es brindar la seguridad jurídica al país.



“Todos sus sistemas tienen que ser actualizados. Hay que invertir en modernización. Lamentablemente se le ha quitado un total de 120 millones. La SUNARP debe tener un perfil profesional, técnico. En el pasado ha sido usada como un botín político partidario de empleos administrativos. Eso queremos corregirlo y no caer en la tentación de repetir lo mismo. En estos momentos estamos trabajando para la designación del nuevo superintendente de la SUNARP que deberá tener un perfil técnico profesional, honorable y que goce de prestigio público para ayudar a cambiar las cosas de esta institución. Ojalá podamos terminar esta semana con la designación”, concluyó.